Carolina Fernanda Manríquez Cáceres es oriunda de la ciudad de Constitución. Tiene 39 años, es trabajadora social formada en la Universidad de La Frontera, con estudios y experiencia laboral en Desarrollo Rural y Planificación Territorial; Género y Políticas Públicas; Gestión Escolar y Orientación Vocacional. En el mundo social está vinculada al movimiento por una reconstrucción justa (2019); al movimiento de mujeres; es animalista y co-fundadora de Territorio Vivo, organización centrada en el desarrollo local. Es candidata independiente a la Convención Constituyente por el Distrito 17, Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno, Vichuquén.

¿Qué instituciones de las siguientes considera Ud. que deberían ser reformadas y cómo el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República, las Superintendencias, la Fiscalía Nacional Económica?
 
-La institucionalidad, y sobre todo las instituciones identificadas en la pregunta, debe estar al servicio de las y los habitantes de este país en la nueva Constitución, con los cambios de forma y fondo que esto signifique, para cumplir tal objetivo. Por ello debemos resguardar que los lineamientos, atribuciones y deberes, de dichas instituciones se actualicen en términos del rol que deben cumplir, así como determinar cómo se van a conformar administrativamente y quienes van a componer estos organismos.
 
Necesitamos que exista un control estricto respecto de la transparencia, probidad y efectividad en la gestión y procesos que deban ejecutar. Independiente de los gobiernos de turno, estas instituciones deben aportar desde su rol al desarrollo del país, sin distinciones ni discriminación de ningún tipo. Como país necesitamos recomponer las confianzas en la institucionalidad, la cual no ha estado exenta de polémicas y cuestionamientos debido a irregularidades cometidas principalmente por la influencia y la presión de poderes económicos y políticos.
 
Acerca de las instituciones nombradas, resumo cambios deseables:
 
Tribunal Constitucional: Limitar atribuciones para que deje de ser una Cámara más del poder legislativo, sobre todo en cuanto al control preventivo de constitucionalidad. Que el nombramiento de miembros no responda al Gobierno del momento. Que se componga de un número impar de miembros para que todos/as tengan igual valor de voto y no pueda darse el empate. Otra opción es que el rol del T.C. pase a la Corte Suprema, como en algunos países.
 
Banco Central: se requerirá una discusión democrática para fijar sus funciones por ley. Esta debiera modificar el procedimiento para nombrar a los consejeros, alejándose del modelo binominal. Junto con la Constitución, debe modificarse la ley orgánica constitucional que regula al Banco Central.
 
Servicio de Impuestos Internos: Más que modificar su estructura, se debería consagrar constitucionalmente una tributación justa, limitando los impuestos regresivos (como el IVA) y aumentando los progresivos. Además, marcar un deber de dictar, por ley, medidas para evitar y sancionar la evasión y obligar al Estado a poner límites a la elusión y condonación, especialmente de las grandes fortunas.
 
Sobre la Contraloría General, no me parece prioritaria una modificación, salvo la de garantizar una real autonomía, efectividad en los procesos y ampliar facultades sobre control a Fuerzas  Armadas  y de Orden.
 
Superintendencias: En la medida que tengamos un Estado que ejecute directamente las  políticas públicas relevantes y administre instituciones, vinculadas al otorgamiento y garantía de derechos humanos individuales y colectivos, las Superintendencias tienen menos relevancia, ya que hoy su existencia responde principalmente a que  se han delegado importantes funciones a privados.
 
Fiscalía Nacional Económica: Lo que puedo  señalar, por el momento, es que debiera tener facultades jurisdiccionales; que realmente pueda investigar y sancionar ante prácticas monopólicas, en sintonía con leyes que permitan realmente evitar monopolios o duopolios, sobre todo cuando se trate de empresas relevantes para proveer, satisfaciendo  necesidades de la población.
 
¿Cuál es su parecer sobre la administración de Justicia en nuestro país? ¿De qué manera la percepción ciudadana sobre la justicia chilena podría mejorar?
 
-En nuestro país la justicia es desigual, el poder judicial desde la percepción del ciudadano/a común y corriente no se observa como un ente autónomo, pese a que la ley es la ley y debe cumplirse en “teoría” para la toma de decisiones y aplicación de las medidas correspondientes. Esto tiene relación con cómo se aplica la ley y las diferencias entre quienes no tiene recursos (económicos y/o de influencias) versus aquellos que tienen esos recursos y redes de contactos que les permiten estar protegidos e impune frente a la ley.
 
Existen varios ejemplos emblemáticos de tinte mediático. No podemos olvidar los casos simbólicos respecto del abandono por parte de este poder del Estado, la burocracia y dilatación de los procesos, por ejemplo con los y las  presos/as políticos/as del estallido social, pero también con los y las presos/as políticos/as mapuche; los casos de corrupción; casos  de impunidad de hijos principalmente de políticos o empresarios que tienen toda la red a su disposición (abogados, medios de comunicación e influencias) para ser tratados de manera privilegiada, pese a haber cometido delitos graves, quedando en completa impunidad.
 
Respecto del rol de la ciudadanía hemos aprendido que la presión mediática, movida principalmente por el dolor, la frustración y por sed de justicia, ha sido un detonante para presionar a los poderes del Estado para aplicar en mediana medida proceso que integren un justo proceso.
 
Necesitamos en el área de la justicia una institucionalidad con plena autonomía, no solo declarada  sino desde una perspectiva real; que no existan ciudadanos/as de primera y segunda categoría; que existan los recursos necesarios para desarrollar un buen proceso; que se cumplan los plazos y que exista una legislación que sea clara tanto en temas de corrupción como en temas de protección a mujeres, niñas, niños y jóvenes; que proteja la diversidad; que sea clara y concisa en la coordinación y actuar de todo el aparataje policial y de reparación, con alta fiscalización y recursos a los órganos encargados de realizar las labores complementarias a los procesos judiciales. Sobre todo en las áreas de protección, en concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Por último,  necesitamos que los Tribunales apliquen los Tratados y Convenios internacionales de Derechos humanos  con primacía sobre la Constitución.
 
¿Deberían establecerse a nivel constitucional algunos parámetros de desarrollo económico? ¿Cómo y cuáles?
 
-El desarrollo económico en la nueva constitución debe plantearse como un modelo de desarrollo sustentable, que promueva no sólo el crecimiento económico del país, sino también con una política que regule y cuide de nuestros recursos naturales, bienes comunes, junto con la protección social y laboral. Necesitamos que exista una fuente de financiamiento a través del cobro de impuestos a la riqueza y royalty, que permita financiar los cambios contemplados en la nueva constitución donde necesitamos un Estado Social de Derecho que nos permita poner a las personas en el centro de su actuar. Por ello la economía debe contar con una institucionalidad que funcione de manera autónoma independiente de influencias políticas, con un marco regulatorio que fiscalice activamente la transparencia y probidad en los proceso que se lleven a cabo.
 
Se debería abrir una discusión altamente participativa respecto de temas estratégicos, la nueva Constitución podría facilitar la posibilidad de que el Estado tenga Empresas, sobre todo de aquella producción de bienes y servicios estratégicos: agua potable, electricidad,  producción de  recursos mineros no renovables, entro otros.               
 
 
¿Cuál debería ser, a su parecer, la vinculación que deberían tener los convencionales constituyentes elegidos con sus representados para garantizar la transparencia del proceso?
 
-Las y los convencionales constituyentes deberían realizar un trabajo directo en sus distritos, a través de semanas o instancias distritales, para retroalimentar y nutrirse desde las organizaciones de base y ciudadanía en general. Para ello se debe reglamentar desde el inicio del proceso constituyente que este sea altamente participativo, desde la transmisión de las discusiones y sesiones del trabajo de las comisiones y los plenarios. Lo anterior, junto con la instalación de equipo en los distritos que permitan nutrir el tejido social desde un enfoque de participación activa informando, debatiendo, proponiendo y validando posiciones para nutrir la discusión de este proceso constituyente.
 
Necesitamos contar con medios de comunicación que estén al servicio del proceso que nos permitan instalar los temas constituyentes en la ciudadanía y que sean de alto conocimiento de la población.
 
Junto con ello se debería instalar dentro del proceso constituyente, consultas ciudadanas o plebiscitos vinculantes que permitan tomar posiciones fundamentadas según la opinión de la población, en aquellos temas que sean complejos de resolver y llegar a acuerdo dentro de la convención constituyente.
 
En resumen: Participación- Transparencia- Información- Control social- Movilización que respalde lo que deben defender los y las Constituyentes- Mantener activos Cabildos, Asambleas y más.