Valparaíso 8 PM (1987) Nemesio Antúnez
Uno de los actores más longevos, malogrados y tergiversados ha sido la ciudadanía y sus diferentes roles , valores, mitos y comportamientos en el sistema político, en las estructuras de las instituciones del país, en la distribución del poder y el crecimiento. Más allá de la entidad de los distintos temas y de su tratamiento, el apartado traduce la unidad y coherencia ideológica del espíritu que animó a ofrecer un texto cimentado en la verdad más desnuda. A continuación, Hoja en Blanco expone los principios en los cuales se funda su concepción al respecto.  
En las actuales circunstancias, resulta esencial ampliar sustantivamente la participación ciudadana en el quehacer de las instituciones públicas. Dada su relevancia, proponemos que dicha exigencia, inherente a la elección de cargos de representación popular, sea ampliada a todos aquellos cargos que deban contar con la confianza pública para el ejercicio de sus funciones. Es así como planteamos la existencia de fuertes componentes de participación ciudadana en el sistema de elección popular a los altos cargos del Ministerio Público, Defensoría Nacional, Contraloría General de la República, Defensoría de la Niñez, entre otras. En el caso de las autoridades regionales de estas mismas instituciones, proponemos sistemas de elección popular, lo cual incluye a las autoridades de menor rango del Poder Judicial como es el caso de los jueces de policía local.
 
En cuanto a las altas autoridades del propio Poder Judicial y de las diversas agencias e instituciones relacionadas con la gestión económica, consideramos indispensable la creación de sistemas robustos de participación ciudadana en dicha designación, a la par de elevadas exigencias respecto a requisitos. Estos criterios deberán ser inherentes a la forma de designación de cualquier autoridad de los eventuales nuevos órganos de rango constitucional a crear. Un caso paradigmático, eventualmente, será el de Defensor del Pueblo (Ombudsman).
 
Asimismo, deberán establecerse mecanismos que permitan un control ciudadano eficaz destinado a evaluar y tomar las acciones correctivas sobre el quehacer de las autoridades electas. Se consideran, de este modo, los siguientes mecanismos: solicitudes populares para generar comisiones investigadoras; revocación de mandato a las autoridades electas por parte de los ciudadanos; mecanismos plebiscitarios obligatorios para sancionar determinadas normas legales ya aprobadas por el Congreso Nacional; iniciativas populares de ley; consultas populares obligatorias como requisito para diseñar determinadas políticas públicas, entre otras.
 
De la misma manera, creemos que resultará esencial contar con una estructura de poder con posibilidades de control interinstitucional. Se deberá asegurar que los poderes públicos realicen un trabajo coherente y coordinado entre sí, pero que, a su vez, cuenten con las respectivas supervisiones y contrapesos mutuos con la finalidad de asegurar un efectivo control de la actividad de cada uno de ellos y mecanismos de resolución de disputas entre poderes.
 
En la misma línea, se debe contar con mecanismos de control que permitan asegurar que instituciones públicas y sus autoridades sean garantes de probidad de la función pública. Se requerirá, entonces, generar leyes rigurosas que sancionen el incumplimiento o la mera contravención a las diversas normas existentes en materia de lucha contra la corrupción, delitos funcionarios, lobby y transparencia de los actos públicos. Creemos que una manera práctica de avanzar en este sentido es hacer extensivos los marcos legales antes mencionados a cualquier institución privada que reciba financiamiento público.