El Presidente Pedro Aguirre llegando a la Parada Militar en el Parque O`Higgins. Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.
¿Fuerzas Armadas deliberantes? ¿Fuerzas Armadas sin divisiones de clases en su interior? ¿Fuerzas Armadas sindicalizadas? La nueva Constitución ofrece la oportunidad de romper el aislamiento del mundo militar respecto de la sociedad civil y así neutralizar la influencia de las élites económicas y políticas en ellas. En el documento El país que soñamos ser, nuestro colectivo Hoja en Blanco explica sus planteamientos sobre el tema. A continuación, Hoja en Blanco expone los principios en los cuales se funda su concepción al respecto
La Nueva Constitución abre la posibilidad de refundar las Fuerzas Armadas y dotarlas de un ideario basado en una Doctrina de Defensa Democrática por la Paz de los Pueblos, como una manera de superar la herencia que la dictadura militar dejó en ellas, a través de una apertura y plena integración a la sociedad civil y del ejercicio de un rol acorde con los parámetros de la democracia.
 
Esto debe expresarse en el aspecto doctrinario, en su relación con el poder político civil y en su relación con la sociedad civil en su conjunto.
 
Por ello, en el aspecto doctrinario, las Fuerzas Armadas deberán ser formadas bajo el concepto de servidoras de la ciudadanía. El centro de su doctrina será el respeto a los derechos humanos y la Constitución, obedientes frente al poder civil y no deliberantes. Coherente con lo anterior, en la Nueva Constitución se deberá eliminar el concepto de “seguridad nacional”, al igual que en la formación doctrinaria que reciben. Su esfera de actividad no podrá incluir temas de seguridad pública, sino exclusivamente relacionados con la Defensa Nacional frente a potenciales agresiones de otros estados extranjeros. La doctrina incorporará la perspectiva de género, con vistas a que la composición de los altos mandos se ajuste a la paridad de género.
 
Las Fuerzas Armadas deberán estar subordinadas a la autoridad política. Para ello, se implementarán mecanismos de fiscalización por parte del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República en relación con el respeto a la Constitución vigente, las leyes y el manejo de los recursos asignados. Dichos controles se ejercerán con adecuados niveles de reserva, aunque privilegiando la transparencia. El Presidente de la República será el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas en todo tiempo y no solo en tiempo de guerra. Ello implicará la implementación de un control efectivo de la totalidad de la estructura del Estado Mayor Conjunto, el cual reemplazará a la actual estructura de mando basada en Comandancias en Jefe. No obstante, los nombramientos, ascensos y retiros deberán contar con autorización del Congreso Nacional.
 
En su relación con la sociedad civil, el proceso de selección de las Fuerzas Armadas deberá democratizarse, basándolo en el mérito y no en el origen social. Por ello se deberá terminar con la separación de escalafones. La formación no militar y sus respectivos planes de estudio, sin abandonar la singularidad de la carrera militar, deberá ser cursada en universidades públicas acreditadas. Las compras de tecnología militar deberán ir siempre atadas a proyectos de transferencia tecnológica con universidades públicas acreditadas. Por otro lado, deberá considerarse un período de servicio civil obligatorio sin distinción de género, el cual deberá ser realizado en cualquier institución pública, incluidas las propias Fuerzas Armadas, lo cual deberá contar con el acuerdo de la persona en cuestión. Por último, estamos convencidos que, al igual que múltiples ejemplos de países desarrollados, la labor de Defensa Nacional debe incluir a la sociedad civil en su conjunto. Por ello, se deberá considerar la inclusión de las diversas organizaciones en planes de defensa barrial y comunal, incluidas sus respectivas operaciones de simulación, en la perspectiva de una eventual agresión extranjera. Se pretende así incorporar al concepto de ciudadanía el ámbito de la defensa nacional. Entonces, en el caso de las Fuerzas Armadas, se tratará de ciudadanos armados.
 
Por último, se reconocerá el derecho a sindicalización y huelga al interior de las Fuerzas Armadas, al menos al personal civil que en ellas laboran. Este derecho deberá estar en armonía a la misión, funciones y exigencias que impone la defensa nacional.
 
De esta manera, creemos que comenzará a romperse el aislamiento del mundo militar respecto de la sociedad civil y se neutralizará la influencia de las élites económicas y políticas en ellas, asegurando su carácter no deliberativo y su neutralidad.
 
Finalmente, la Nueva Constitución no deberá contemplar una institución similar al Consejo de Seguridad Nacional, pues dicho organismo perpetúa la tutela de las Fuerzas Armadas sobre el poder político. La coordinación entre la autoridad militar con respecto a la autoridad civil deberá siempre ser desarrollada en un marco de subordinación y en estricta relación a los ámbitos de la Defensa Nacional.