Que Chile decida. Autor: elclarin.cl
Con este artículo cerramos la exposición de los planteamientos que Hoja en Blanco tiene respecto al Reglamento a aprobar por la nueva Convención Constitucional. En particular, exponemos aspectos en extremo sensibles en esta materia como son la transparencia, ética y probidad. La reciente crisis en materia de legitimidad de la actividad política hace de estos aspectos un por hacer crucial para darle legitimidad a los acuerdos logrados. Estamos convencidos que su ausencia o condicionamiento sólo tendrá como resultado el desprestigio de este proceso y la profundización de la actual crisis.
Transparencia
 
Consideramos que el reglamento deberá establecer que todos los espacios de la convención deben ser transparentes, tanto las deliberaciones y votaciones del plenario como las de las comisiones y subcomisiones, para lo cual se dispondrá de una señal a la cual se podrán conectar los medios de comunicación o los ciudadanos vía streaming. Asimismo, la Convención deberá disponer de un medio escrito informativo en el cual se encuentren su reglamento, las propuestas recibidas de parte de la ciudadanía y se incluyan todas las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones.
 
Es conocido el deseo de algunos grupos de poder que las sesiones puedan tener materias y espacios reservados, aduciendo que esto facilitaría la obtención de acuerdos. Es nuestra opinión, que no existe razón alguna para que los argumentos, fundamentos y antecedentes que los convencionales utilicen para la obtención de acuerdos, puedan ser secretos o reservados y, por ende, no conocidos por la ciudadanía.
 
Ética y Probidad
 
Se ha planteado por diferentes grupos que sean aplicadas a los convencionales las normas que actualmente tienen los parlamentarios, en cuanto a las declaraciones de interés, patrimonio y normas éticas que garanticen la probidad de su conducta.
 
No nos parece suficiente lo anterior, dado que conocemos cómo éstas se han burlado en el pasado y los grupos de interés han podido convertir la política en un bien más del mercado, que puede comprarse para imponer normas beneficiosas para los grupos de poder.
 
Debe publicarse para conocimiento de toda la ciudadanía quiénes financiaron la campaña de los convencionales elegidos y las declaraciones de intereses, para que el comité de ética pueda determinar la existencia de conflictos de interés y así   señalar qué convencionales deben abstenerse de votaciones respecto de aquellas normas que entren en conflicto con esos intereses, de modo que, al estar inhabilitados (voz y voto), no sean contabilizados para el quorum requerido.
 
 

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