Ceremonia de cambio de mando: Patricio Aylwin asume la Presidencia de la República en 1990. Fuente: memoriachilena.cl
Las situaciones desarrolladas desde las elecciones del 15 y 16 de mayo de este año siguen demostrando la profunda crisis en la cual se encuentran la totalidad de los partidos políticos y el sistema legal que ha determinado su funcionamiento desde 1990. Se trata de una realidad innegable y cuya solución, pese a ello, ha sido pospuesta de manera contumaz. La construcción de un nuevo Chile y su democracia hace urgente replantear su naturaleza y la relación que tienen con la ciudadanía.
Con la recuperación de la democracia en América latina en la década de los ochenta, junto con la valoración de las elecciones como forma democrática de canalizar conflictos, creció rápidamente la conciencia de la estrecha relación entre democracia y partidos políticos.
 
Hoy se tiene aún más presente que las elecciones no solo se definen por el derecho individual de elegir representantes de diversos órganos del Estado, sino también por todo ese conjunto de garantías administrativas y jurídicas destinadas a que las elecciones sean libres, honestas e informadas
 
Los análisis de los vínculos que subyacen entre los conceptos de gobernabilidad, estabilidad y sistema de partidos políticos ocupan un lugar preponderante. El actual paisaje en ruinas de la democracia nominal –post 18 de octubre 2019– y las crecientes exigencias de participación ciudadana han modelado una realidad conflictiva. En efecto, los partidos políticos son en la actualidad responsables y parte de la grave crisis institucional que vive Chile. Lo anterior no resulta de extrañar considerando la enorme influencia del poder privado en las decisiones tomadas por los diversos partidos, siendo más grave la paralización al borde de la degradación histórica de su propia soberanía y de la representación de determinados sectores sociales y políticos. De ese modo, se constata que en los últimos treinta años ha existido una preeminencia de lo institucional «partidario» y no de un honesto esfuerzo de representación de las demandas de las organizaciones sociales y voces individuales asociadas a una multiplicidad de acuciantes exigencias. Ejemplos de ellas son la sequía y la regulación legal del agua, el saqueo de la naturaleza, la contaminación y las zonas de sacrificio, las demandas por pensiones dignas y en contra de las administradoras de fondos de pensiones, entre muchas.
 
Por lo anterior, y dada la extrema importancia de la acción de los partidos políticos en la implementación de cualquier diseño democrático, sostenemos que resulta imperativo que la Nueva Constitución contenga disposiciones que permitan, al más breve plazo, realizar una profunda reforma al sistema de partidos políticos y al sistema de elecciones en nuestro país.
 
En el ámbito de los partidos políticos se deberán concretar exigencias en materia de transparencia, control de la corrupción, inhabilidades, elecciones internas, entre otras, además de sanciones agravadas en caso de delitos funcionarios por parte de autoridades partidarias o de elección popular tales como cohecho, fraude al fisco, tributarios, violencia intrafamiliar, violencia sexual u otros similares.

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