Fachada del Banco Central. Fuente: bcentral.cl
La institucionalidad económica de nuestro país se ha construido en base a los principios ideológicos que han animado la propia política económica en los últimos 50 años. De ese modo, se le ha entendido como una cuestión cuya complejidad sólo permite la opinión de especialistas, de “personas que saben”. Se expulsa y se inhibe así la participación y el control ciudadano, pese a la relevancia que la actuación de dichas agencias públicas tiene en la vida de las personas. Por ello, Hoja en Blanco plantea su contrapunto y llama especialmente a no olvidar esta reflexión al momento de discutir la nueva Constitución.
Uno de los principales criterios de construcción del ordenamiento constitucional imperante, es que la singularidad, complejidad e impacto de las funciones desempeñadas por las instituciones del ámbito económico hacen esencial su autonomía funcional. Se pretende así que esta independencia asegure la calidad e idoneidad de las decisiones tomadas. Tal sería el caso del Banco Central, los tribunales especializados del área económica (ambientales, tributarios y aduaneros, de contratación pública, de libre competencia) y servicios públicos tales como el Servicio de Impuestos Internos, Fiscalía Nacional Económica, Superintendencias, entre otras.
 
En los hechos, dicha autonomía se ha expresado en una elección binominal de sus altas autoridades, lo cual no solo ha debilitado el necesario control político y ciudadano. También ha creado las condiciones para la captura de dichos órganos por parte de grupos de interés privados a través de: la acción del lobby; la contratación por parte de empresas reguladas de altas autoridades de los respectivos órganos reguladores o directamente; a través de acciones reñidas con la probidad pública. El escándalo del financiamiento ilegal de los partidos políticos por parte de empresas privadas y el obsecuente comportamiento que el director del Servicio de Impuestos Internos tuvo al respecto, constituyen una muestra palmaria al respecto.
 
La Nueva Constitución deberá evitar que la autonomía de las instituciones sea entendida como autarquía, discrecionalidad y ausencia de controles externos. Por el contrario, estimamos que la autonomía de una institución económica [como el Banco Central, por ejemplo] se verifica en su toma de decisiones y que ello no impide que su quehacer administrativo y de gestión sea auditado por un ente externo como la Contraloría General de la República. Asimismo, estimamos que la designación de sus autoridades deberá estar afecta a la obligación de considerar la participación ciudadana o, eventualmente, que su mantención en dichos cargos deberá ser desafiada a través de mecanismos de control ciudadano o parlamentario.  Consideramos que no existe argumento o complejidad temática que impida la participación ciudadana en este campo.

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