Personas miembros de la Comisión de Participación Popular. Convención Constitucional (Fuente plataformacontexto.cl)

La siguiente corresponde al resumen de las propuestas presentadas en fecha reciente por Hoja en Blanco a la Comisión de Participación popular y Equidad Territorial de la Convención Constitucional. Estamos convencidos/as que ellas, sumadas a muchas otras expuestas por diferentes personas naturales y jurídicas, servirán de valioso fundamento para el trabajo de esta importante instancia de trabajo.

Venimos a expresarnos como Corporación Hoja en Blanco. Somos un colectivo de personas, que se convoca para reflexionar, discutir, comentar y proponer ideas, que buscan responder a la expresión de demandas vertidas en el Estallido Social, desde octubre de 2019.

Somos personas que provenimos de distintos ejercicios profesionales, sensiblemente vinculados a las áreas temáticas de la cultura y la educación, profundamente comprometidos con una mirada o concepto de convivencia humana saludable, en el más amplio sentido antropológico, social y político.

Sentimos que las reivindicaciones expresadas en un torrente creativo de gritos,  pancartas, lienzos, pinturas en muros y monumentos, de elaboración individual y/o colectiva, son de la mayor y profunda justicia, son expresiones trascendentes en lo que toca a la evolución de la humanidad.

Hemos leído en el movimiento iniciado en octubre de 2019, un justificado despertar de amplios sectores de la población de este país, que se han expresado de formas diversas y plurales, manifestando el fastidio, la hartura, la urgencia, por poner fin a la ignominia y el abuso con que se les ha subyugado y desconsiderado por parte del Estado y de los diversos agentes que tradicionalmente han dirigido la vida social y económica de nuestro país.

Presentarnos hoy aquí, como Corporación Hoja en Blanco, representa para nosotros ser una voz más, que se suma a esta necesidad de participar, sin cortapisas ni restricciones, en la escritura de, la Constitución de un nuevo Estado, que asegure un buen vivir a sus habitantes, sin excepciones, en esta hoja prístina.

Respecto a la participación primeramente debemos considerar que, desde un punto de vista etimológico, participar significa «tener parte» o «tomar parte» lo cual indica una referencia a un «todo» o conjunto al cual se contribuye o respecto del cual se obtiene algún derecho o beneficio. De este modo se conjuga mejor con un «nosotros» que con un «yo” individual y, en ese sentido, desde el punto de vista de lo colectivo o comunitario, viene a constituirse como un elemento configurador de la vida democrática de un pueblo o comunidad política.

En febrero del 2011, se publicó la Ley N° 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Su promulgación pasó prácticamente inadvertida a pesar de su trascendencia y avance en esta materia. Con dicha normativa el Estado busca reconocer el derecho de las personas a participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Sin embargo, la institucionalización ha sido deficiente, no se ha generalizado la constitución de los COSOC (Consejos de la Sociedad Civil) tanto a nivel de gobierno local como a nivel central. De ese modo, muchos de estos consejos son convocados esporádicamente o no se les consultan temas relevantes. En suma, constituyen más bien instancias meramente formales sin incidencia significativa en la toma de decisiones. 

En fin, la citada normativa carece de mecanismos de fiscalización y sanción no contempla financiamiento para los espacios de participación y, quizás lo más grave, es el carácter de dichas instancias: son consultivas, informativas pero no vinculantes de este modo, y sin temor a equivocarnos, podemos concluir que tanto la actual Constitución Política como el sistema político vigente desconocen como derecho humano fundamental a la participación ciudadana, no solo en la gestión pública sino también como mecanismo de participación política directa.

No es posible una participación ciudadana que sea efectivamente incidente y eficaz si no se abordan previamente irritantes condiciones de desigualdad. El grado de participación popular será directamente proporcional a la vigencia y respeto a otros derechos y libertades, tales como la de información y de expresión, pero también, con la misma relevancia, los derechos económicos y sociales, cuya consagración esperamos, se materialice en la nueva carta fundamental.

La crítica anterior respecto a lo realizado en esta materia constituye un marco de referencia para las propuestas que venimos a formular.

Al respecto, como otros grupos, constituidos en observatorios de la Convención Constitucional, hemos estado atentos a vuestro trabajo y hemos percibido con alegría que la mayoría de convencionales a estado de acuerdo en que la Soberanía radica en “los pueblos” o “naciones”, y que hasta aquí se observa la disposición de escuchar con atención a la Soberanía popular y articular mecanismos que permitan su participación real, más allá de la mera representatividad. Así pues, más que plantear conceptos novedosos en esta Comisión, venimos a plantear dos cuestiones fundamentales:

1. Asegurar la participación y transparencia

Es necesario ratificar y potenciar la efectiva participación de los todos pueblos y naciones que constituyen nuestro país. Es imperioso que la legitimidad de esta Convención Constituyente esté basada en mecanismos que relacionen a las personas que ejercen el cargo de Convencional con los territorios que les otorgan mandato. Debe existir información y retroalimentación mutua respecto de lo que se debata en la Convención Constituyente. Un catastro y reconocimiento de organizaciones existentes o las que se formen en el territorio, sean éstas de orden temático o de otra índole, llámense, cabildos, asambleas, u otras instancias sociales, locales o funcionales o de pueblos originarios. Las y los Convencionales deben rendir cuenta obligatoria de lo obrado en la Convención Constituyente, respecto del mandato que prefiguró su programa de postulación.

La Comisión que regule la participación deberá contar con las más amplias atribuciones para la organización de redes y eventos que aseguren la participación de los pueblos y territorios por medio de sus organizaciones. Deberá diseñar mecanismos de consulta, o plebiscitos territoriales, que provean a las personas que ejercen el cargo de Convencional, de sustento local en la definición de aspectos que presenten conflictividad o resistencia de sectores específicos, y mantener un sistema de audiencias para incorporar propuestas temáticas desde los actores incumbentes.

No podrán desarrollarse sesiones, audiencias, ni trabajos de comisiones en secreto. La totalidad del trabajo de la Convención Constituyente, deberá ser público.

2. Lealtad con las naciones y pueblos soberanos y los excluidos hasta ahora en la toma de decisiones:

Si bien el mecanismo que mediante un plebiscito estableció esta Convención Constituyente, fue generado por la institucionalidad política vigente, no es menos cierto que para los aparatos del Estado, resultaba equivalente esta Convención Constitucional, u otro organismo que se denominó Convención Mixta Constitucional. Nos es necesario afirmar en esta instancia, que el resultado de la participación ciudadana estableció una diferencia significativa entre ambos conceptos. Esto resulta de la mayor relevancia, para asegurar la fecundidad del trabajo de esta Convención Constituyente. El aparato del Estado es administrado hasta hoy por sectores específicos de las naciones o pueblos, cuyas ideas de país fueron estrepitosamente derrotadas en las urnas.

La Soberanía popular ha instalado en esta Convención Constituyente, a una mayoría de quienes en sus programas promovieron un país con democracia real, plurinacional, pluricultural, inclusiva, paritaria, sustentable, acogedora, solidaria, justa y conciliada con el entorno, la tierra, otros territorios y las otras especies sintientes. De este modo, invitamos a todas/os las personas miembros de la Convención Constitucional a descolonizarse, como bien dijera la Presidenta de la Convención Constituyente. También a descivilizarse, a deconstruirse. Su tarea es reformular la República que conocimos la que utilizaron para sus fines particulares, quienes la sojuzgaron. Ahora Chile será de todas y todos, el país para las naciones, para los pueblos que se desparraman en sus territorios, hasta aquellos lugares más pobres y desolados. El territorio para vivir en él dignamente y en armonía, No para ser explotado para el enriquecimiento de una élite.

Para finalizar nuestra intervención queremos afirmar que el buen vivir, no tiene que ver con la acumulación ni la riqueza. La era nueva que anuncia nuestra Constitución en este rincón del mundo es un mensaje necesario a las poblaciones y territorios del planeta. Estamos cerrando la era de las colonias, de las invasiones, de la civilización del dinero. Esa civilización que, en los territorios chilenos, mostró su barbarie con las personas que aquí vivieron desde tiempos inmemoriales, poniendo el precio vil de una libra inglesa, por un ser humano en la Patagonia, quemando cultivos y casas en la Araucanía, expulsando de sus tierras a los pueblos del centro y norte del país, explotando a sus habitantes, en un marco de completa exclusión.

En esta Convención Constituyente ya escuchamos la denuncia de quienes lograron sobrevivir. Esas personas que hoy no están tuvieron familia; tuvieron cultura; tuvieron espiritualidad y cosmovisión. Tenían buen vivir. Seguiremos escuchando estremecidos los testimonios del resto de las personas excluidas durante nuestra historia, las que no participaron nunca en la toma de decisiones. A estas personas invocamos confiados en el profundo cambio que traerá este proceso de cambio constitucional.

Muchas gracias.