Fuente: www.cultura.gob.cl

“Las asignaciones de presupuestos para la creación y la producción artística debieran ser definidas por sus propios protagonistas: por los trabajadores de la cultura, por las Pymes culturales y por los territorios comunales. Las asignaciones deben ser resueltas por sus propios pares y no por un sistema de evaluación burocrática. ¿Quién mejor que los escritores debieran determinar la producción de los escritores, las políticas de lectura y del libro?”

…el pueblo armado con las artes y la cultura…o, “ el hijo de p…”.

¿Quiénes son los hijos de la meretriz? Lo cierto, es que hoy las Artes, la Cultura y las Ciencias están atrapadas en la ideología de la subsidiaridad del Estado y sus integrantes están atomizados, cada uno mirando solo hacia su propia parcela, en una victoria del individualismo.

Artistas, científicos, trabajadores de la cultura, pymes culturales, todos aparecen resignados al imperio de la concursabilidad e impávidos frente a las cuantiosas asignaciones directas a las fundaciones y corporaciones culturales “sin fines de lucro”. Entes, que no tienen dioses ni ley y quién las investigue, con el trago amargo de la libación de la corrupción. Cada uno tirando para su lado.

“¿Quién lleva la batuta en las Culturas y las Ciencias?”
Un síntoma se avizoró en la Convención Constitucional. De las 138 iniciativas populares a la Comisión de sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonio, ninguna organización cultural o científica alcanzó las 15 mil firmas para ver la luz de la consideración y ser discutidas. Da la sensación que tampoco fueron siquiera leídas.

Ni los trabajadores de la cultura, ni los artistas, ni los científicos, ni los medianos y pequeños empresarios culturales fueron capaces de unirse para la gestación de una propuesta única que estableciera un Estado Cultural. Ninguno se la pudo.

Al final, hubo una propuesta escrita por la misma Comisión del Conocimiento al Pleno de la Convención que fue un desastre. Trece de las 30 normas fueron rechazadas. Las 17 restantes alcanzaron la mayoría simple, necesaria para una segunda oportunidad. Súmese, además, algunos ripios de una mala redacción.

Muchas de estas propuestas solo ponían en el centro el paternalismo del “acceso a la cultura y a la ciencia” como si esa mirada no existiera ya en la Constitución pinochetista y en el capítulo 24 de la Declaración de Derechos Humanos. De las 8 propuestas en Cultura, solo se aprobaron 3. Lamentable.

Los desafíos de la Ministra Brodsky
El dilema que tiene por delante la nueva ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, no es menor y tiene que ver con lo que se reflejó en la Convención Constitucional. El sector está pauperizado y atomizado por el sistema económico que está instalado en el país.

En la campaña electoral, el actual presidente Boric levantó la promesa de aumentar tres veces el presupuesto para el sector, lo que equivale a un 1 % del PIB, no obstante, que la asignación mundial que profesa la Unesco equivale a un 3 por ciento. Claro, pasar del 0, 3 % del actual presupuesto al 1 %, será un mundo de diferencia. Sin embargo, no resuelve los problemas de las culturas, las artes y el patrimonio. Ni mucho menos.

Reducir la Cultura solo a la administración financiera de un 1 %, que, en rigor, todavía ni siquiera existe en el presupuesto de la nación, puede significar pegarse un tiro en el pie.

No obstante, puede ser una tremenda oportunidad para la Ministra Brodsky para generar las bases de un cambio civilizatorio, de época, en el país.

La puerta de salida es terminar con el Estado de subsidiaridad en la Cultura, que se expresa con la fórmula de asignación principal: la concursabilidad.

Este modelo administrativo y económico de desarrollo de la cultura se transformó en algo más parecido a una financiera, que a un espacio para los creadores.

En este mismo sentido, las asignaciones directas habría que revisarlas para terminar con las empresas privadas -léase corporaciones o fundaciones sin fines de lucro- que profitan a través de servicios de administración con una empresa “espejo”, bajo criterios y costos definidos por ellas mismas. Fundaciones privadas que contratan a empresas privadas para hacer la pega -¡qué son ellas mismas!- al igual como lo hacían en el pasado reciente las universidades privadas, que eufemísticamente se declaraban sin fines de lucro, por supuesto.

Continuar con la política de la subsidiaridad del Estado en la Cultura es poner el huevo de la serpiente.

Las asignaciones de presupuestos para la creación y la producción artística debieran ser definidas por sus propios protagonistas: por los trabajadores de la cultura, por las Pymes culturales y por los territorios comunales. Las asignaciones deben ser resueltas por sus propios pares y no por un sistema de evaluación burocrática. ¿Quién mejor que los escritores debieran determinar la producción de los escritores, las políticas de lectura y del libro? Y así con todas las artes y los territorios; en justicia social y representación. Eso convocaría colectivamente a los gremios de los artistas y a las organizaciones sociales en torno a una discusión virtuosa por la creatividad y el hacer artístico. Chile comenzaría a levantar la casa cultural que necesita.

El país entendería que se estarían echando las bases para levantar un Estado Cultural, plurinacional e intercultural, que cruce a todas instituciones estatales y privadas, con domicilio en los territorios, con los chilenos protagonistas de las culturas, las artes y el patrimonio.

Así se sabría… a ver, a ver, ¿quién lleva la batuta?