Plaza de la Constitución, 21 de diciembre de 1970

El cobre para Chile (2)

“Deseo, en forma muy breve, hacer una síntesis del proyecto que entregaremos mañana al Congreso. En ese proyecto se deja establecido, definitivamente, el dominio absoluto del Estado sobre los yacimientos y minas, de modo que los particulares tendrán sobre ellos solo el derecho de concesionarios. Se establecen las reglas para fijar montos y formas de pago de las indemnizaciones en caso de expropiación. Para ello se debe dictar una ley que determine lo que es la Gran Minería, y que puede referirse igualmente al cobre, al hierro, al salitre o a otro mineral cualquiera.
Con este proyecto se da término definitivamente a toda posibilidad de existencia de contratos-leyes. El Estado queda en libertad para modificar lo que haya pactado con particulares, si así lo requiere el interés nacional, sin otra obligación que la de indemnizar al afectado. El Estado queda facultado para tomar posesión material de los bienes, en el momento mismo en que se dicte la orden de expropiación, Lo anterior en cuanto a las normas generales.

En lo que se refiere al caso concreto de la nacionalización de las actuales minas de cobre 74 de la Gran Minería, y de la Compañía Andina incluida, se aplicarán las normas generales antes indicadas, de modo que no se necesita de una nueva ley. Los minerales y las instalaciones quedarán en poder del Estado. Por la Reforma Constitucional se dejará sin efecto la compra de las empresas que se había hecho en virtud de los Convenios del Cobre, y se declaran disueltas las actuales empresas mixtas. Lo que se haya pagado por concepto de compra de acciones se abona a la indemnización que debe pagarse. La indemnización la fija la Contraloría General de la República. Puede apelarse ante un tribunal especial, que proponemos sea integrado por el presidente de la Corte Suprema, que lo presidirá, por un miembro del Tribunal Constitucional designado por el presidente de la República, por el presidente del Banco Central, el director de ODEPLAN y el vicepresidente de la CORFO.

Nadie puede negar la solvencia de la Contraloría y de este Tribunal. Las cosas del Gobierno Popular se hacen en serio y merecen el respeto del país y el respeto de los otros pueblos. No se paga indemnización alguna por los yacimientos. El pago de los bienes expropiados es en dinero, a 30 años de plazo, con cuotas anuales y a un interés del 3 por ciento sin reajuste. El pago puede suspenderse si los expropiados entorpecen la marcha de los minerales, y se reducirá en la cantidad que hubiesen recibido las Compañías por utilidades superiores al promedio normal. Este proyecto lo concebimos dentro de nuestro derecho, e irá al Congreso para ser discutido; allí se oirán las corrientes de opinión pública en él representadas. Estamos actuando dentro de los cauces jurídicos normales. Además, debo recordarles que las Naciones Unidas han reconocido el derecho de los pueblos a nacionalizar las riquezas fundamentales que están en manos del capital foráneo. Chile no renunciará a este derecho, porque ello implica romper nuestra dependencia económica, lo que significa también plena soberanía e independencia cultural. Por ello, esta tarde, al firmar ante ustedes el decreto que crea el Consejo Nacional Campesino y el proyecto que implica la modificación de la Constitución, creo que el pueblo entiende que estamos dando un paso decisivo en la vida histórica de la patria. Y si la juventud se va a movilizar y el campesino va a entregar su energía creadora y su capacidad, al igual que la energía creadora y la capacidad de la juventud, serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados, técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Por primera vez en la historia la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos, para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Voy a firmar el decreto que crea el Consejo Nacional Campesino, y que ya tiene la firma del estimado compañero ministro de Agricultura, Jacques Chonchol. Quiero decir que he recibido una nota muy grata. El Consejo de presidentes de la Federación Universitaria —compañeros que están aquí— se han reunido de inmediato y me han enviado una comunicación con la firma de los compañeros Alejandro Rojas, de la FECH; Jorge Fuentes, de la FEC; Alberto Ríos, de la FEUC, y Jaime Esponda, de la FEUCV, para decir que los estudiantes de Medicina y de Odontología, y en general los estudiantes, aceptan mi petición y estarán presentes en Cautín para cumplir la tarea que les he pedido.

Paso a firmar ahora el proyecto de ley que enviaremos al Congreso para modificar nuestra Constitución, a fin de poder nacionalizar las riquezas fundamentales del cobre que están en manos del capital foráneo. Este proyecto de ley tiene ya la firma del estimado compañero ministro de Minas, Orlando Cantuarias. Pueblo de Santiago y pueblo de Chile, con esta firma, con la firma de este proyecto de ley, pongo fin a este acto. Expreso mi reconocimiento a los que han venido en forma tan espontánea a reafirmar su fe y su confianza en el propio pueblo; a comprender que esta tarea que tenemos que realizar es dura y es pesada, pero al mismo tiempo, a dejar constancia que nada, absolutamente nada, puede detener a un pueblo consciente, unido, fortalecido en su fe y decidido a construir un nuevo destino. Quiero señalar que lo que hemos realizado hasta ahora es un aporte importante al progreso de la patria. Y seguiremos sin premura afiebrada, pero sin ninguna vacilación, hasta cumplir integralmente las cuarenta medidas que anunciáramos al pueblo en escala nacional y las veinte que propusiéramos para los campesinos.

De igual manera avanzaremos en el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular. Lo hemos dicho ya, y lo repetimos: lo que el pueblo de Chile ha hecho no tiene parangón, y desde más allá de nuestras fronteras se observa nuestra actitud. Los que al principio nos negaron, los que vacilaron, los que nos calumniaron, los que mintieron en contra nuestra, los que conspiraron en contra de las instituciones diciéndose demócratas, los que llegaron hasta el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército — símbolo del soldado en conciencia cívica y del hombre que sirve a la patria en la paz, obedeciendo a las leyes—, tienen que reconocer que este Gobierno, porque tiene la fortaleza del pueblo, ha cambiado rectamente. No nos inquietan las críticas que nos hagan. Ahí está la libertad de prensa, a veces atinada, pero la mayoría de las veces injusta; sin embargo, pueden seguir criticándonos; cada cual puede expresar su opinión.

Aquí está el Gobierno, seguro de su marcha, porque está junto al pueblo y es el pueblo hecho Gobierno. Aquí está el Gobierno del pueblo, que sabe que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros respaldan la acción y la voluntad del pueblo expresada en las urnas, por mandato de la Constitución y la Ley. Dos hechos quiero recalcar para terminar mi intervención. Expropiamos, por ejemplo, la Empresa de Paños Bellavista de Tomé. Nadie se ha atrevido a criticarnos. Tan justa, tan clara, tan necesaria fue la actitud del Gobierno, que con el apoyo de la Ley y el dictamen del Consejo de Defensa del Estado procedimos a dictar el decreto. Yo les puedo decir a ustedes que por el rostro de los curtidos obreros de esa empresa corrieron las lágrimas cuando se impusieron de ello. Se les hacía justicia; tres o cuatro meses impagos, sin imposiciones, sin atención médica, eliminadas las posibilidades de ganarse la vida con su propio trabajo. Hoy esta empresa, en manos nuestras, encabezará el complejo textil, donde integraremos a otras empresas, que serán empresas del Estado, empresas mixtas o empresas particulares que trabajarán dentro de la orientación general que dé el Ministerio de Economía en este respecto.

Quiero agregar también que hemos intervenido el Banco Edwards, y que tampoco nadie se ha atrevido a criticarnos. Nadie se ha atrevido a criticarnos, porque hemos procedido dentro de la Ley. Y, aunque parezca paradojal, resguardando a los que prestaron el dinero a empresarios que están en falencia, es decir, en pleno resguardo de Bancos extranjeros; más, por sobre todo, por resguardar la palabra y el prestigio de Chile en el crédito internacional. Lo hemos hecho también en defensa de los accionistas pequeños del Banco, que no son responsables de los manejos de su institución, y para dar tranquilidad a los que desarrollan sus actividades utilizando como organismo de crédito al Banco Edwards. Nadie ha criticado esta medida. Y no podían criticarla por la razón fundamental de que hubo hechos que se sitúan en el campo del delito y sobre el cual se pronunciará, si es necesario, la justicia en el momento oportuno.

Por eso es que quiero, una vez más, señalar que hacer una revolución, transformar las estructuras de un país, cambiar la existencia de la pareja humana, dar tranquilidad al anciano y dar, sobre todo, esperanza y futuro al niño, en un país en vías de desarrollo, es una labor dura y pesada, que podemos sobrellevar, justamente porque ustedes van a estar presentes en la tarea. La responsabilidad del pueblo yo la he podido palpar. Visité algunas poblaciones para decir que habían procedido mal los que se tomaron departamentos o casas, que se habían levantado con el esfuerzo de los obreros, de otros modestos empleados; que se perjudicaba a esos chilenos que sacrificaron sus ingresos para tener un techo. Que la solución no era enfrentar obreros contra obreros por tener casa; u obreros contra empleados, u obreros contra hombres de las Fuerzas Armadas o Carabineros. Que la solución estaba en acelerar un plan de desarrollo que permita la construcción de las viviendas necesarias, y que esta no es tampoco tarea de un día. En fin, como ustedes comprenderán, estamos al comienzo de un difícil y largo proceso de histórica significación para el pueblo de Chile”. (p.73-78)

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