Daniela King.

Los candidatos por el distrito 11 de la lista Movimiento Social Constituyente y La Lista del Pueblo representan una nueva generación en la política chilena.  Daniela King, profesora, feminista y comunicadora popular en revista De Frente; Nicolás Romero, abogado y director de revista De Frente, y Carolina Cifuentes, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, activa vecina de Lo Barnechea apoyada por el Cabildo El Arrayán, serán quienes respondan a las preguntas de Diario Hoja en Blanco sobre sus propuestas para la nueva Constitución. El distrito 11 está conformado por las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén.

En relación con las fuerzas policiales y de orden ¿considera ustedes que deben ser intervenidas y reorganizadas? ¿De qué manera? ¿Qué dificultades ven ustedes para esta reorganización?
-El Movimiento Social Constituyente que sostiene a estas candidaturas esta en completo acuerdo con refundar la institución policial y las fuerzas armadas en Chile. Esto significa poner bajo control civil las fuerzas armadas y de seguridad, dotando de nuevas directrices y paradigmas en su preparación y especialización, siempre en función del respeto de los derechos humanos, terminando con la justicia militar para que todos sus funcionarios sean sometidos a la justicia ordinaria, eliminando los privilegios de estas ramas y democratizando las instituciones para hacerlas más transparentes y con objetivos afines a las necesidades de un país del siglo XXI.
¿Plantean ustedes alguna propuesta constitucional que permita solucionar el problema generado en la Araucanía con el Pueblo Mapuche? ¿Cuál es?
-En primer lugar, consideramos que la nueva Constitución debe considerar este Estado como Plurinacional, reconociendo un país habitado por diversas naciones, estableciendo además derechos de autodeterminación y autonomía política, social y cultural a los pueblos originarios como lo señala la Declaración de las Naciones Unidad y el Convenio 169 que nuestro país suscribió pero que no aplica. A partir de eso se abre una posibilidad histórica que podría permitir solucionar el problema generado con el pueblo mapuche en base a una relación de justicia, autonomía y respeto para los pueblos, terminando con la criminalización y militarización.
¿Debe ser mencionada en la Constitución la situación de las mujeres y de los niños? ¿De qué modo?
-Si, creemos que es fundamental que los derechos de la infancia y de las mujeres, quienes son víctimas de violencia y a quienes no se salvaguardan sus derechos, sean priorizados en la Nueva Constitución. Es esencial reconocer a la Nueva Constitución como Intergeneracional para que se ocupe de garantizar los derechos individuales y colectivos, de las personas y la naturaleza, y de las generaciones venideras. Luego y en este mismo sentido garantizar los derechos de la infancia tal como lo establece la Convención de los Derechos del niño de las Naciones Unidas que Chile ratificó, pero nunca aplicó, apuntando a la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, su desarrollo y su protección, así como su participación en decisiones que le afecten.
En el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres podemos señalar que reforzaremos una Constitución no patriarcal, que garantice los derechos de las mujeres y disidencias: derechos sexuales y reproductivos de cuerpos gestantes (incluyendo el aborto libre y gratuito); derecho a una vida familiar plena, libre de violencias, y el establecimiento de sistemas de prevención y sanción a todas las formas de violencia; incidencia en la orientación de políticas  públicas relativas a educación, salud, memoria.
En cuanto a la riqueza y diversidad medioambientales ¿qué proponen ustedes para salvaguardarlas en la Nueva Constitución?
-En nuestros conversatorios se ha llegado a la conclusión de que es esencial garantizar el derecho al buen vivir mirado desde dos dimensiones: naturaleza y seres humanos. Implica reconocer el agua, ríos, bosques, como sujeto de derechos, y respetar sus ciclos naturales y ecosistemas. Al mismo tiempo, es reconocer el derecho de los seres humanos a vivir bien, es decir con DIGNIDAD, con mayúsculas. Entendemos la dignidad como el derecho de cada persona a ser valorada como sujeto individual y social, con sus características y condiciones particulares. El ejercicio de la dignidad requiere de derechos humanos y sociales garantizados, entre ellos, el derecho a vivir en un ambiente ecológicamente sano. Las personas, la comunidad y la naturaleza, tienen derecho a la restauración de los ecosistemas en caso de su destrucción. El daño ambiental (zonas de sacrificio) es imprescriptible, en el marco de la transición a un Estado post extractivista.
El primer derecho social, relacionado con la vida, es el derecho al agua (que compatibilizamos con el derecho del agua, definiendo una priorización de usos). Este derecho de pueblos y comunidades se garantiza con el agua como bien natural no apropiable.  Además, es fundamental asegurar el derecho a la alimentación sana, y el derecho a la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a contar con cultivos alimentarios y el acceso permanente a alimentos sanos y a precios accesibles, cultivados sin agrotóxicos ni transgénicos.
¿Deberían establecerse a nivel constitucional algunos parámetros de desarrollo económico? ¿Cómo y cuáles?
-La actual Constitución económicamente minimiza el rol del Estado y prioriza el rol de los particulares en la prestación privada de bienes y servicios fundamentales para las personas, lo que se resume en un Estado subsidiario. La nueva Constitución debe establecer un Estado Social de Derechos que garantice los derechos esenciales para el buen vivir, una economía a escala humana al servicio del bien común y del desarrollo integral de las personas, las comunidades, los territorios, las diversas naciones que habitan en él y del país en su totalidad.
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