21 de mayo de 1971
En ALLENDE, a 50 años de su elección, Discursos fundamentales
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, edición digital, 2020
- El principio de la legalidad
El principio de legalidad rige hoy en Chile. Ha sido impuesto tras una lucha de muchas generaciones contra el absolutismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado. Es una conquista irreversible mientras exista diferencia entre gobernantes y gobernados.
No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimientos populares. Protestamos contra una ordenación legal cuyos postulados reflejan un régimen social opresor. Nuestra normativa jurídica, las técnicas ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos responden hoy a las exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad. Pero legalidad habrá.
Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, queremos evitar.
- El desarrollo institucional
El papel social ordenador y regulador que corresponde al régimen de Derecho está integrado a nuestro sistema institucional. La lucha de los movimientos y partidos populares que hoy son gobierno ha contribuido sustancialmente a una de las realidades más prometedoras con que cuenta el país: tenemos un sistema institucional abierto, que ha resistido incluso a quienes pretendieron violar la voluntad del pueblo.
La flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite esperar que no será una rígida barrera de contención. Y que al igual que nuestro sistema legal, se adaptará a las nuevas exigencias para generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la superación del capitalismo.
El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el sistema bicameral en funciones, por la Cámara Única.
Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno se ha comprometido a realizar su obra revolucionaria respetando el Estado de Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son consubstanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el período de transición.
Mantenerlos, transformando su sentido de clase, durante este difícil período es una tarea ambiciosa de importancia decisiva para el nuevo régimen social. No obstante, su realización escapa a nuestra sola voluntad: dependerá fundamentalmente de la configuración de nuestra estructura social y económica, su evolución a corto plazo y el realismo en la actuación política de nuestro pueblo. En este momento pensamos que será posible, y actuamos en consecuencia.
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